La inmobiliaria Exxacon presentó una demanda indemnizatoria por aproximadamente US$ 4,5 millones contra la Municipalidad de Peñalolén, acusando perjuicios económicos derivados de los reiterados rechazos a la recepción definitiva del proyecto habitacional Cuvée, compuesto por dos edificios ya terminados.

Según la acción judicial, la Dirección de Obras Municipales (DOM) rechazó en cuatro oportunidades la recepción final del proyecto, manteniendo una exigencia que, de acuerdo con la empresa, ya había sido descartada tanto por el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) como por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu).

Un retraso de más de un año

La inmobiliaria sostiene que el proceso se extendió durante 459 días, período en el cual no pudo concretar la entrega y escrituración de las viviendas comprometidas con sus compradores.

Durante ese tiempo, la empresa afirma que debió continuar asumiendo diversos costos asociados al proyecto, entre ellos intereses del financiamiento otorgado por entidades financieras, gastos de mantención, contribuciones y otros costos operacionales derivados de mantener los edificios terminados sin poder ser recepcionados oficialmente.

El centro de la controversia

El conflicto gira en torno a una observación técnica que, según Exxacon, ya había sido resuelta por los organismos competentes. La inmobiliaria argumenta que tanto el SEA como el Minvu habían emitido pronunciamientos que descartaban la exigencia mantenida por la Dirección de Obras Municipales de Peñalolén.

Finalmente, la recepción definitiva habría sido otorgada solo después de nuevas gestiones administrativas, lo que motivó posteriormente la presentación de la demanda por los perjuicios económicos ocasionados por el retraso.

Un caso que reabre el debate sobre la permisología

Más allá del conflicto entre las partes, el caso vuelve a poner sobre la mesa uno de los temas más discutidos por la industria inmobiliaria: la incertidumbre en los procesos de permisos y recepciones municipales.

Diversos actores del sector han señalado que los retrasos en autorizaciones pueden afectar no solo a las empresas desarrolladoras, sino también a compradores que esperan la entrega de sus viviendas, entidades financieras y al propio desarrollo de nuevos proyectos habitacionales.

Impacto para el mercado inmobiliario

Este tipo de controversias evidencia la importancia de contar con procesos administrativos claros, coordinados y con mayor certeza jurídica, especialmente en un contexto donde la industria busca acelerar la construcción de viviendas y reducir los tiempos asociados al desarrollo de nuevos proyectos.

La resolución judicial de este caso podría convertirse en un precedente relevante respecto de la responsabilidad de los organismos públicos cuando decisiones administrativas generan perjuicios económicos a desarrolladores inmobiliarios.

Fuente: Diario Financiero.